¿La relación armónica entre política y ética, es viable? Debería serlo, pues el principio de la función pública, ya sean funcionarios o gobernantes por nombramiento o por elección popular, se debe no solo a quienes los eligen o a los que los nombran, sino que están obligados a ser transparentes e intachables tanto en el manejo de los recursos públicos, como en sus acciones, públicas y privadas; mejor dicho, ser ejemplo para la sociedad.
Sin embargo, en el devenir de la función pública, los funcionarios terminan cometiendo muchos errores y faltas gravísimas que van desde el nombramiento de sus amigos y familiares (aun cuando no sepan de la responsabilidades que se les asignan o sean incompetentes) en los cargos claves de las administraciones o cuando opera la entrega de contratos a raja tabla como contraprestación o pago por la inversión de actores privados (donantes secretos en las campañas) que luego exigen devoluciones, ahora con creces, de los aportes.
Ahora bien, y los candidatos ¿cómo enfrentan su responsabilidad y ética frente a la carrera que emprenden o están por emprender? ¿Qué pasa con los que están siendo investigados o involucrados en procesos judiciales? Desde la óptica constitucional de la justicia, en Colombia se parte de la premisa de que “nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario”; y, a partir de allí, a nuestros políticos -que se toman estos fundamentos tan en serio- nos les importan las consecuencias de hallarse sub judice, así tengan encima uno o más procesos en su contra (penales, disciplinarios, fiscales), y lanzan sus candidaturas y continúan con sus campañas políticas como si nada.
Desde el punto de vista ético lo ideal, prudente, responsable con la ciudadanía lo correcto sería que se apartaran de la política y definieran primero su situación jurídica. Pero en Colombia pensar en esta posibilidad resulta casi en una verdadera ofensa para los políticos.
En los dos casos, por ejemplo, aplica para el exgobernador Camilo Romero, que gobernó sin ningún sonrojo con buena parte de sus familiares en diferentes y altos cargos de su administración, y que además insiste hoy por hoy en su precandidatura presidencial en medio de un juicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por cinco delitos graves de corrupción.
Errar es humano, claro que si, pero cuando la labor se debe a sus conciudadanos, cuando se van a manejar recursos del Estado pagados con los impuestos de la gente, la obligación de todos, especialmente de quienes ostentan responsabilidades públicas, debe ser de la mayor trasparencia y altura.
Y ni que decir de los funcionarios que se ven apremiados por escándalos de corrupción, como el reciente caso de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, que de no ser por la investigación de la periodista Paola Ochoa y la presión en las redes sociales a través de fuertes manifestaciones que terminaron generando su salida, seguiría campante en el ministerio. Por fortuna ya salió, aunque hay otros burócratas imperturbables que permanecen intactos en sus cargos con el apoyo del gobierno como el director de la Dian,Lisandro Junco Riveira, quien aparece involucrado sin excusa razonable -haciendo lo que hace- en el escandalo de los Pandora Papers.
Los funcionarios en vez de hacerse a un lado y aclarar su situación, se quieren atornillar a los cargos porque se sienten intocables. ¿Lo son? ¿por qué? ¿De dónde sale está creencia malsana?
Esta tan viciada la política en Colombia que incluso los gobernantes creen que las obras que entregan o inauguran o las decisiones que toman, son los ciudadanos quienes deben estar agradecidos. No entienden la diferencia, no les cabe en la cabeza que están es cumpliendo con su deber. Se rehúsan a aceptar que están allí por decisión de los ciudadanos y que es al revés, el funcionario se debe al pueblo y asumió la responsabilidad de obrar de manera correcta y a favor del pueblo. Justo, sorprendió en las redes sociales hace un par de semanas la alcaidesa de Bogotá, Claudia López, cuando al ser increpada por un grupo de mujeres líderes sobre el POT en la localidad de Barrios Unidos, sacó en cara, rabiosa y engreída, el proceso de construcción del metro, según ella, porque “quien más les iba a traer el metro hasta aquí”. La ciudadanía saliéndoles a deber a los políticos, otra vez, los pájaros tirándoles a las escopetas.
Y ni hablar del abuso de poder del gobierno de Iván Duque que ha batido todos los records posibles en materia de cinismo y desfachatez, por encima de todo lo conocido (por lo menos en Colombia), que semana tras semana, día tras día, se las arregla para protagonizar un nuevo escándalo que rebasa al anterior, ahora mismo con el pomposo viaje su familia completa a bordo y una delegación de 146 personas a la COP26, en medio de una crisis económica generalizada, fruto, entre otras cosas, de la pandemia del COVID.
Y ya para finalizar sobre este espinoso tema de la ética de los políticos, llama la atención como, funcionarios de todos los estratos, nombrados y electos, en gobernaciones o alcaldías, guardan silencio cómplice y sepulcral frente al adefesio que hunde la ley de garantías y que permite hacer contratación directa poco antes del proceso electoral, lo que desde ya facilita la compra de votos y el nefasto ejercicio del poder amparado por el aparato estatal con el propósito de favorecer a los partidos y candidatos de quienes hoy ostentan ominosamente el poder.
Leyendo sobre ética me encontré con está cita publicada en la “Nueva Revista”, haciendo alusión a intelectuales desde Tocqueville a Habermas, quienes nos recuerdan que “la democracia es débil sin ciudadanos virtuosos, que existe un sustrato prepolítico de corrección ética que la política no genera por sí misma y sin el que un régimen de libertades puede devenir inviable”.
Nota.Que bueno que al fin pareciera que Álvaro Uribe entendió que estaba en la obligación de retirarse de la política; ojalá sea cierto y no un truco más de quien los ha hecho todos desde dos décadas para acá.
Comunicadora Social- Periodista, con maestría en estudios políticos y conocimientos en derechos humanos y DIH, amplia experiencia en estrategias de comunicación, diagnóstico y análisis de coyuntura.
