El rol de las juventudes ha venido cambiando, convirtiéndose en un verdadero reto para la sociedad, para la academia, para los gobiernos y para el mismo Estado. Si se quiere dar un salto significativo y en positivo hacia el futuro, hoy, más que nunca, será necesario replantear la relación con los jóvenes. Es hora de acabar de una vez por todas con la utilización, el menosprecio, el empleo de la fuerza y la estigmatización y judicialización de los jóvenes para evitar que sus voces y expresiones sean escuchadas y reconocidas.
Hay que cambiar el chip, abrir los espacios para que los jóvenes accedan a una real participación en la democracia, incidencia en la formulación de politicas públicas y en la veeduría y creación de una nueva arquitectura institucional como respuesta a las demandas de una nueva sociedad que ya no espera ser convocada por nadie para actuar, sino hacer parte de problemas y soluciones como protagonista.
En Colombia los jóvenes representan el 25% de la población, es decir 12.672.168 personas entre los 14 y 28 años según el estudio del DANE “panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia”, publicado en septiembre 2020.
Un punto fundamental a tener en cuenta, es que en los últimos años los jóvenes colombianos han logrado recoger en sus reclamos buena parte del sentir nacional en términos de las demandas de diversos sectores de la población y han podido a su vez sintonizar en un mismo dial el inconformismo -muchas veces disperso- de la opinión pública, como en el caso del proyecto de ley de la reciente reforma tributaria, obligando al gobierno de Iván Duque, el 2 de mayo pasado, a retirarlo provocando además la renuncia del ministro de Hacienda que la promovió.
No obstante, el costo pagado por esta generación ha sido extremadamente alto; los logros alcanzados terminaron con la vida de unos y lesiones graves e imborrables de otros: más de 44 jóvenes fueron asesinados, 82 víctimas de lesiones oculares; 4.687 casos de violencia policial, 2005 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes; 28 víctimas de violencia sexual, presuntamente por parte del fuerza pública; 35 víctimas por uso de arma Venon por parte del Estado; lo anterior, claramente demostrado en el informe de balance de las ONG, Temblores, Indepaz y PAIIS entregadas a la CIDH en julio pasado.
Es importante destacar que en esta ocasión los jóvenes fueron mucho más allá de sus propios intereses estudiantiles y reivindicaciones históricas, avanzando en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, haciendo visibles los derechos de las mujeres, denunciando la violencia de género e incluso fueron categóricos en brindar apoyo a luchas supranacionales en defensa del medio ambiente y en contra de la minería; y todo esto, a pesar de estar en medio de la pandemia del Covid19, de confinamientos estrictos y toda clase de limitaciones.
De acuerdo con los análisis de Naciones Unidas que apuntan a que esta generación de jóvenes en la región hace parte de una que habita en las épocas en que las condiciones de vida mejoraron en algunos países y en algunos frentes (probablemente la más educada y con el mayor acceso a tecnología) también es cierto que se trata fácticamente de una de las regiones con los mayores índices de desigualdad en el mundo. “En la última década los movimientos sociales responden a los persistentes niveles de injusticia y desigualdad que se vive en diferentes ámbitos. Y esto, sumado a un contexto de pandemia (Covid-19), y a la falta de inclusión, ha inicidido en el aumento de las repercusiones sociales y económicas para la población jóven en la región, amenazado algunos de los avances logrados en áreas como educación, salud, el trabajo y la seguridad”, señala el reciente informe del Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y El Caribe, “Las juventudes latinomaricanas y la Agenda2030 para el Desarrollo Sostenible.
El estudio advierte además, cómo en América Latina y el Caribe los efectos de la pandemia no solo pusieron de relieve las debilidades de los sistemas de protección social, salud, educación y empleo, sino que se prevé que habrá 45 millones de personas más en situación de pobreza, es decir, un 37% (Cepal 2020). Y en el caso de las juventudes a ese impacto se sumará el desafio educacional que surgió debido al cierre de escuelas y universidades que a principios de mayo de 2020 presentaban cierres que afectaban a más de 1 billón de estudiantes en todo el mundo, y a unos 165 millones en America Latina y el Caribe, según la UNESCO. La UNICEF calcula -que es posible- que en América Latina y El Caribe más de 3 millones de niños y niñas y adolescentes nunca regresen a la escuela, y es probable que las matriculas en primaria disminuyan más en 1.8%.
Otro tanto ocurre en materia de empleo, las repercusiones de la pandemia se expresan en que cerca de 34 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo según la OIT.
Por su parte, el último informe de Latinobarómetro 2018, que mide el estado de las democracias en América Latina, señala que el 71.3% de la población de entre los 15 y 25 años se muestra insatisfecha con la situación de los asuntos públicos de su país, mientras que el informe de la CEPAL de ese mismo año indica que el 88.2% de las personas entre 16 y 29 años de 18 países de la región piensa que su país es gobernado por “unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio y no para el bien de todo el pueblo”.
Revisando informes y cifras, Colombia resulta ser un escenario casi perfecto, en el que coinciden estas problemáticas que llegan acompañadas por una insatisfacción social cada vez más evidente. Según el estudio del DANE en 2020, el 43.8% de los jóvenes entre los 18 y 25 años no votaron en las en las elecciones presidenciales de 2018, y entre las razones que más se esgrimieron fueron: que no inscribieron la cédula el 38.3%; desinterés el 32%; los candidatos prometen y no cumplen el 26.1%; los políticos son corruptos el 24,6%; la falta de credibilidad en las diferentes etapas del proceso electoral el 21.9%; los partidos o movimientos politicos no representan a los ciudadanos 18%; inseguridad o por miedo el 4.8%.
De cara a los próximos comicios electorales y en aras de avanzar hacía un modelo más democrático, el Estado colombiano tiene la obligación de diseñar y emprender tareas y mecanismos que busquen motivar la partipación electoral de la población joven, y la agenda que promueven debería incluirse como una prioridad en los programas de gobierno que presenten los candidatos.
Por su parte, los jóvenes que lideraron las protestas y que se dieron en llamar las Primeras Líneas y que estuvieron tan activos en casi todas las ciudades del país (así como la sociedad civil comprometida con los cambios), tienen el deber de dar los pasos necesarios de organización y participación que les permita no solo promocionar y explicar sus demandas y propuestas, sino hacer parte ellos mismos con sus liderazgos de los procesos y aspiraciones lectorales, a la vez de incidir, de manera directa, para que otros candidatos se comprometan a llevar a cabo reformas profundas en el manejo de los asuntos públicos incluyendo políticas sociales y económicas que se plasmen en actos concretos al momento de ser elegidos en los cargos de decisión y ejecución de las políticas públicas.
Los jóvenes no pueden seguir siendo los invitados de piedra en las campañas políticas, limitados a ser las caras bonitas y refrescantes de las elecciones, a ser los tramitadores que recogen firmas y hacen la logística, sino que deben ser protagonistas de primer nivel en la construcción de los pilares de la sociedad moderna y en el diseño de nuevos estándares de convivencia y desarrollo, finalmente son quienes han venido haciendo visible la realidad por la que atraviesa Colombia, los que han puesto la protesta social en el orden del día y los que le han puesto freno -hasta donde han podido- a los desafueros del poder y a la injusticia. Es hora de dar el salto y avanzar!.
Comunicadora Social- Periodista, con maestría en estudios políticos y conocimientos en derechos humanos y DIH, amplia experiencia en estrategias de comunicación, diagnóstico y análisis de coyuntura.
